Principios Rectores

Su principal objetivo, es briar una herramienta de apoyo técnico- parlamentario, que permita a las y los legisladores, impulsar de manera coherente, rigurosa y estructurada, ordenamientos jurídicos que contemplen derechos y obligaciones concretas para la educación, formación, prevención, detección y respuesta a las ciberamenazas, con el afán de mejorar “la seguridad ciudadana en todos los ámbitos de la vida digital”.

Esta iniciativa se orienta dentro de un enfoque de educación, capacitación, conectividad, inclusión, integridad, accesibilidad, confidencialidad y preponderantemente, resguardo de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos consagrados en los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, así como en los tratados y convenios internacionales.

El principal eje conductor de cada uno de los diez principios, es la flexibilidad. Es decir, que toda legislación, regulación y ordenamiento jurídico, debe estar orientado hacia la obtención de resultados que permitan –en la mayor medida posible– adaptarse a los cambiantes entornos alrededor de las ventajas y de las amenazas del ciberespacio. Un segundo eje conductor es garantizar que los ciudadanos sean capaces de conocer adecuada y oportunamente sus derechos y obligaciones al momento que acceden a soluciones y/o plataformas tecnológicas.

Para el Laboratorio en materia de Transformación Digital y Ciberseguidad para los Poderes Legislativos de la OEA, es urgente que los poderes públicos del Estado generen esfuerzos colaborativos que permitan la creación de políticas, leyes y normas, fundamentadas y conectadas con el conocimiento, capacidad y experiencia tanto de aquellos sectores (públicos y privados) que desarrollan tecnologías de la información y comunicación, como de las organizaciones e instituciones nacionales y/o internacionales que atienden los desafíos de la democracia digital. Sólo de esta manera se podrá:

• garantizar un verdadero ejercicio de la ciudadanía digital;

• lograr una eficaz inclusión, alfabetización y universalización digital; y

• una protección rigurosa al Estado, sus instituciones y principalmente a sus ciudadanos, ante las graves amenazas y efectos dañinos que existen en el ciberespacio.

Lanzamiento de los Principios Rectores, 15 de juno de 2021