Laboratorio de Ciberseguridad
Parlamentos de las Américas
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La ciberseguridad necesita esar en constante vigilancia y evolución principalmente porque la tecnología evoluciona exponencialmente.
La ciberseguridad tiene la misión de proteger los activos más importantes, en nuestro caso los datos y las personas, y la mejor forma de hacerlo es siguiendo métodos, técnicas y Buenas Prácticas.
Los Principios Rectores se proponen como un conjunto de Buenas Prácticas para que los Poderes Legislativos los tomen en cuenta al momento de cambiar o crear nuevas leyes que afecten la ciberseguridad, y las tecnologías de la información..
Principios Rectores
Los principios rectores para Ciberseguridad Ciudadana, creados por el Laboratorio de Ciberseguridad para los Poderes Legislativos de la OEA, son un esfuerzo co-creativo entre los Poderes Legislativos, asesores parlamentarios, expertos en el campo de la ciberseguridad, la transformación digital, y de las tecnologías de la información y comunicación, así como, de académicos y líderes de sociedad civil, con el fin de identificar 10 lineamientos básicos para el desarrollo de legislaciones, marcos normativos, reglamentos y acciones de control político en materia de protección del Ciberespacio, entendiéndolo, como “un ecosistema global, dinámico, masivo, transfronterizo y en permanente evolución, el cual está integrado por infraestructuras tecnológicas, como son Internet, las redes sociales y los sistemas y/o plataformas de la información y de la comunicación”.
Su principal objetivo, es briar una herramienta de apoyo técnico- parlamentario, que permita a las y los legisladores, impulsar de manera coherente, rigurosa y estructurada, ordenamientos jurídicos que contemplen derechos y obligaciones concretas para la educación, formación, prevención, detección y respuesta a las ciberamenazas, con el afán de mejorar “la seguridad ciudadana en todos los ámbitos de la vida digital”.
Esta iniciativa se orienta dentro de un enfoque de educación, capacitación, conectividad, inclusión, integridad, accesibilidad, confidencialidad y preponderantemente, resguardo de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos consagrados en los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, así como en los tratados y convenios internacionales.
El principal eje conductor de cada uno de los diez principios, es la flexibilidad. Es decir, que toda legislación, regulación y ordenamiento jurídico, debe estar orientado hacia la obtención de resultados que permitan –en la mayor medida posible– adaptarse a los cambiantes entornos alrededor de las ventajas y de las amenazas del ciberespacio. Un segundo eje conductor es garantizar que los ciudadanos sean capaces de conocer adecuada y oportunamente sus derechos y obligaciones al momento que acceden a soluciones y/o plataformas tecnológicas.
Para el Laboratorio en materia de Transformación Digital y Ciberseguidad para los Poderes Legislativos de la OEA, es urgente que los poderes públicos del Estado generen esfuerzos colaborativos que permitan la creación de políticas, leyes y normas, fundamentadas y conectadas con el conocimiento, capacidad y experiencia tanto de aquellos sectores (públicos y privados) que desarrollan tecnologías de la información y comunicación, como de las organizaciones e instituciones nacionales y/o internacionales que atienden los desafíos de la democracia digital. Sólo de esta manera se podrá:
garantizar un verdadero ejercicio de la ciudadanía digital;
lograr una eficaz inclusión, alfabetización y universalización digital; y
una protección rigurosa al Estado, sus instituciones y principalmente a sus ciudadanos, ante las graves amenazas y efectos dañinos que existen en el ciberespacio.